Por reforma al 407 "N" veintinueve personas podrían beneficiarse | Impacto!

Por reforma al 407 “N” veintinueve personas podrían beneficiarse

Por reforma al 407 “N” veintinueve personas podrían beneficiarse

MP asegura que a pesar de la enmienda nadie quedará impune por los delitos cometidos.

Debido a las reformas realizadas por los diputados del Congreso de la República, con relación al, delito de financiamiento electoral ilícito, casi una treintena de empresarios sindicados por dicha acción, y que lo ven como una “amnistía”, podría tener su auge en los próximos meses en Tribunales de justicia.

 

Sin embargo, la fiscal general Consuelo Porras, advirtió y garantizó a la población que ninguna reforma dejará en impunidad a quienes hayan cometido financiamiento electoral ilícito. Pero en el bando opuesto, de momento algunos empresarios que presuntamente financiaron a distintas agrupaciones políticas de forma anónima, con el acompañamiento de sus abogados defensores, han empezado a utilizar las modificaciones de ley como un argumento para convencer a los jueces que estas podrían dejarlos libres de castigo.

 

Según lo dicho por Juan Francisco Sandoval, jefe de la FECI, considera que las reformas al artículo 407 “N” continúan regulando como “delito” las aportaciones anónimas a los partidos políticos. Esto significa que las recientes modificaciones a la ley no libran de responsabilidad penal a ningún empresario que haya dado financiamiento electoral anónimo a las agrupaciones políticas.

 

Sandoval también considera que, en caso los empresarios resulten condenados durante el juicio, las reformas sí los beneficiarían con una reducción de penas, pues el “financiamiento electoral no registrado” es penado, tras las modificaciones a la ley, con prisión de uno a cinco años conmutables; anteriormente tenía penas de cuatro a doce años de prisión.

 

“En todo caso, si la gente es condenada, ahí ellos deberán invocar la pena que más le favorece, pero la conducta sigue siendo prohibida”, dijo el jefe de la FECI.

 

Por su parte, el jefe de la Fiscalía de Delitos Electorales, Oscar Schaad, al igual que Sandoval, considera que las reformas al financiamiento electoral ilícito no dejaron de tipificar como delito el financiamiento electoral anónimo.

 

Lo único que hizo el Congreso, explica el fiscal, es asignarle una pena adecuada al financiamiento electoral no registrado, en seguimiento a una exhortación que hizo la CC.

 

“Lo que vemos con el cambio de la reforma es el establecimiento de penas proporcionales para las acciones cometidas con la nueva vigencia de estos hechos”, dijo Schaad.

 

Casos beneficiados

 

Los casos de financiamiento electoral ilícito. Todos ellos están divididos en tres: financiamiento electoral ilícito al FCN-Nación, Construcción y Corrupción y Cooptación del Estado.

 

FCN

El aporte de los empresarios fue de aproximadamente Q8 millones, los cuales no fueron reportados al TSE, y fueron canalizados a través de la empresa Novaservicios S.A., establecen las pesquisas.

 

CONSTRUCCIÓN Y CORRUPCIÓN

En 2011 varias empresas dedicadas a la construcción realizaron pagos a las entidades Impresos Urbanos, Espectaculares Urbanos S.A. y Seguridad ASA. S.A., empresas vinculadas con el exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, que estaban destinadas a la campaña política del Partido Patriota. En total, aportaron a la campaña del PP Q3 millones 387 mil 963.28.

 

COOPTACIÓN DEL ESTADO

 

En junio de 2016, el MP y la CICIG revelaron un entramado de corrupción para financiar ilícitamente al Partido Patriota y enriquecer a sus líderes tras llegar al poder. Los mecanismos para financiar ilícitamente al PP fueron tres: a través de canales de televisión abierta, con la triangulación de fondos del financiamiento electoral y por medio de la adjudicación de contratos del Estado.

 

El primer mecanismo consistió en que, en 2008, cuando Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti eran candidatos al binomio presidencial, el grupo Albavisión depositó Q17 millones 679 mil 200 a empresas de cartón que eran controladas por el exsecretario privado de la vicepresidencia, Juan Carlos Monzón.

 

Este dinero fue utilizado para comprar inmuebles a Pérez y Baldetti y para gastos de publicidad del partido.

 

Una vez en el poder, el PP benefició con pauta publicitaria a los Canales 3 y 7 por un monto de Q216 millones 267 mil 762.52. Por estos hechos está prófuga de la justicia Alba Elvira Lorenzana, esposa del dueño de los canales Ángel González, por financiamiento electoral ilícito.

 

Otro mecanismo de financiamiento electoral ilícito consistió en que varios empresarios que no deseaban figurar como donantes del PP facturaron alrededor de Q50 millones a empresas manejadas por Monzón, quien, junto con su contador se encargaron de canalizar los recursos al partido político.

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