Pedirán resarcimiento por medio de arbitraje internacional | Impacto!

Pedirán resarcimiento por medio de arbitraje internacional

Pedirán resarcimiento por medio de arbitraje internacional

Inversionistas de proyecto Oxec se aprestan a demandar al Estado y a los funcionarios judiciales

 

Los inversionistas del proyecto Oxec se aprestan a demandar al Estado Guatemalteco y a los funcionarios judiciales que, a su criterio, han retardado maliciosamente los procesos, ocasionando pérdidas tras 65 días de haber suspendido el funcionamiento y construcción de las hidroeléctricas de las empresas.

La noticia fue dada por el abogado y mandatario de la empresa, José Quezada, quien ofreció una conferencia de prensa acompañado por Valeria Prado, directora de los Programas de Sostenibilidad.

La demanda será enderezada por la vía del arbitraje internacional, medida que, dijo Quezada, está contemplada en los diferentes tratados de libre comercio (TLC) suscritos por Guatemala.

“Cada inversionista, de acuerdo a su domicilio, hará uso del tratado que le convenga”, afirmó el abogado, quien no ofreció datos de cuántos y quienes serían los accionistas que entablarían la demanda.

Prado explicó que Oxec es un proyecto destinado a la generación de 86 megavatios de energía que sería incorporada a la red nacional y que ha sido financiado por bancos nacionales, por una suma de 300 millones de dólares (Q2,250 millones).

Pérdidas millonarias

Quezada y Prado indicaron que las pérdidas por la suspensión de operaciones y construcción no han sido cuantificadas y que están en ese proceso, porque este monto sería por el cual se entablaría la demanda vía arbitraje.

Quezada explicó que la demanda se ampliará ampliarse a los funcionarios judiciales, entre estos los magistrados de las cortes Suprema de Justicia (CSJ) y de Constitucionalidad (CC), por el retardo malicioso y responsabilidades por infracción a la ley, basados en los artículos 155 de la Constitución y al 77 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad.

El mandatario señaló que, según dicho artículo constitucional, cuando un funcionario o trabajador del Estado, en el ejercicio de su cargo, infringe la ley en perjuicio de particulares, el Estado o la institución estatal será solidariamente responsable por los daños y perjuicios que se causaren.

Además, citó que, con base en el artículo 77, inciso a) de la ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, se considera que existe un retardo malicioso de parte de la Corte de Constitucionalidad porque la vista pública del amparo fue el 22 de febrero y cinco días después la Corte debió emitir la sentencia.

“Esto no ha ocurrido. Esto es retardo malicioso”, señaló Quezada.

Fallos controversiales

La empresa y sus accionistas, en palabras de Quezada, consideran que los fallos emitidos por los tribunales, resoluciones de un amparo provisional, que ordenaron la suspensión del proyecto, constituyen una expropiación indirecta.

Insistió en que, como empresa, todos los requerimientos legales que se le hicieran fueron cumplidos, pero el fallo judicial se basa en una omisión de parte del Estado, no de la empresa, porque este indica que se suspende el proyecto porque no se realizó la consulta previa a las comunidades, aunque el Ministerio de Energía y Minas (MEM) asegura que si la hizo.

“La Consulta es responsabilidad del Estado, no la empresa, y así lo ha declarado Carmen Moreno, directora regional de la Organización Internacional del Trabajo”, afirmó Quezada, quien insiste en que entonces el fallo debió ser contra el Estado, no contra la empresa.

Además, señala que se aceptó la representatividad de una persona que no radica en el área de influencia del proyecto, según determinó el MEM, quien hoy se encuentra prófugo de la justicia por otras circunstancias, quien actúa con el apoyo de la organización no gubernamental Madre Selva.

Madre Selva, afirma Quezada, reconoció en un programa de radio, que su objetivo es político e ideológico, se oponen a las hidroeléctricas construidas por la iniciativa privada, porque consideran que esto lo debe hacer el Estado.

Daño a Comunidades

Prado expresó que la paralización del proyecto ha tenido efectos adversos en las poblaciones aledañas, porque 1,600 empleados han sido afectados, de los cuales, q,200 ya fueron despedidos.

También indicó que en los programas de salud, de 20 mil personas atendidas, ahora solamente lo hacen con 6,500, debido al recorte del programa de salud.

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