Partido oficial califica de "venganza" la solicitud de antejuicio contra Estuardo Galdámez | Impacto!

Partido oficial califica de “venganza” la solicitud de antejuicio contra Estuardo Galdámez

Partido oficial califica de “venganza” la solicitud de antejuicio contra Estuardo Galdámez

Elecciones 2019

El gobernante Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) de Guatemala calificó como una "venganza" política la solicitud de antejuicio en contra de su candidato a la Presidencia, el diputado Estuardo Galdámez, señalado de participar en una trama de cooptación del Congreso a beneficio de intereses propios y empresariales.

En un comunicado, FCN-Nación manifestó su “indignación” con el uso de la justicia “como instrumento de venganza” en contra de “quienes hemos defendido nuestra bandera y nuestra soberanía” y cuyos señalamientos pretenden “afectar” la supuesta “ascendente participación” de Galdámez en el proceso electoral.

El Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) presentaron este lunes las solicitudes de antejuicio contra Galdámez, el ministro de Economía, Acisclo Valladares, y otros seis parlamentarios por el caso conocido como “Subordinación del poder legislativo al Ejecutivo. Una expresión de la captura del Estado (el mecanismo de la compra de votos)”.

Según la organización política que llevó al Ejecutivo en 2015 al mandatario Jimmy Morales, es “evidente” el “sesgo y manipulación”, pues a pocas semanas de la elección del próximo 16 de junio “pretenden quitar del camino a los candidatos con mayores posibilidades electorales”.

También subrayó que durante la administración de Morales se ha “usado” la justicia “para tomar el poder por cualquier vía, menos mediante un proceso electoral transparente” (sic).

FCN-Nación aseguró en su comunicado de prensa que han sido blanco de “ataques” que también han sido destinados “a los funcionarios” con el fin de “detener el funcionamiento del Estado”.

Preguntado al respecto de esta situación, el vicepresidente del país, Jafeth Cabrera, -que llegó el poder de la mano del partido-, dijo que “si alguien tiene cargos que le inhiben de ser candidato, de inmediato el Tribunal Supremo Electoral debiera resolverlo”.

Y agregó, en referencia a la exfiscal Thelma Aldana aunque sin mencionarla, que “hay otra candidata con orden de captura y que no se ha presentado a los tribunales”.

En esta trama, según la investigación, la ex vicepresidenta Roxana Baldetti -quien enfrenta varios casos de corrupción-, dirigía desde el Gobierno (2012-2015) la actividad del Congreso a su antojo, socavando la separación de poderes y, según fuentes del caso consultadas por Acan-Efe, este hecho representa un “síntoma” que responde a “algo más grave”: la “alteración del orden democrático”.

Las pesquisas indican que hubo “posible compra de votos en el Legislativo” para la aprobación de determinadas leyes y se comprobó que dentro del Estado “operaba una estructura de funcionarios que alteraban el orden democrático y el sistema republicano al supeditar las funciones legislativas a directivas del Poder Ejecutivo a cambio de una promesa de pago o una dádiva”.

Producto de estos pactos se sancionaron proyectos como la “Ley de Control de Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para Transmisión de Datos” -conocida como Ley Tigo-, la cual vio la luz verde el 8 de abril de 2014 tras una serie de negociaciones entre los empresarios y la propia vicepresidenta, sin pasar por los diputados.

Galdámez, que entró en el Congreso con el Partido Patriota en el año 2012 -con el Gobierno de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti-, es candidato a la Presidencia de Guatemala en las elecciones del próximo 16 de junio por FCN-Nación, con el que actualmente es parlamentario.

Supuestamente este dirigente político era uno de los jefes de línea de esta trama -como miembro entonces del extinto Partido Patriota-, de los que recibía órdenes directas de Baldetti en reuniones y también a través de un chat en el que ponía “mi línea ya está enterada”.

Se estima que en total los jefes de línea, que además eran los encargados de trasmitir las órdenes de Baldetti a sus compañeros para aprobar o no las leyes, se pagaron unos 57 millones de quetzales (unos 7,4 millones de dólares) para aprobar leyes, nombrar magistrados de la Corte Suprema de Justicia o de la Corte de Apelaciones, designar contralor o elegir a las juntas directivas del Congreso durante esos cuatro años.

(c) Agencia EFE

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