La Cicig denuncia redes de abogados que perpetúan la criminalidad en Guatemala | Impacto!

La Cicig denuncia redes de abogados que perpetúan la criminalidad en Guatemala

La Cicig denuncia redes de abogados que perpetúan la criminalidad en Guatemala

Seguridad y Justicia

La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) detectó una red de abogados que trabajan para perpetuar la impunidad y criminalidad en los casos de alto impacto que se conocen en los tribunales guatemaltecos.

“Se (re)conoce la existencia de redes de abogacía que producen impunidad para la perpetuidad de la propia criminalidad. El esquema de interconexión visibiliza la existencia de este fenómeno”, aseguró el ente auspiciado por las Naciones Unidas este martes en el informe “Impunidad y redes ilícitas: Un análisis de su evolución en Guatemala”.

El documento, donde se repasa la “realidad histórica” de la impunidad que se ha dado en casos paradigmáticos y que es impulsada “por poderes ocultos” y por “la indiferencia ciudadana”, reveló una base de datos de 51 casos judiciales de corrupción e impunidad con un total de 482 abogados que tienen una “interconexión entre los propios casos”.

“Las redes de abogacía al servicio del crimen”, continuó, se articulan de forma compleja, pero “la centralidad” se representa mediante su grado -el número de personas acusadas que defiende relacionadas- y su capacidad de intermediación -“la posición de bróker en el conjunto de la red”.

En el “núcleo” de este entramado, la Cicig identifica a los abogados Marco Aurelio Alveño Hernández, Juan Alberto Guevara Mejía, Francisco García Gudiel, Moisés Eduardo Galindo Ruiz y Roberto Eduardo Stalling Sierra.

Estos defienden a personas como el expresidente Otto Pérez Molina -procesado por varios casos de corrupción- y a su vez a otros operadores “de la impunidad”, como magistrados que supuestamente tomaron decisiones con base a intereses personales.

Además, dos de esos abogados, Galindo y Stalling, enfrentan actualmente acusaciones judiciales por supuestamente participar en redes criminales y “procurar impunidad”, mientras que hay un “círculo secundario” de letrados que rodea a este primer grupo y así sucesivamente.

“Las redes de abogados al servicio del crimen son consideradas –juntas al lavado de activos, el tráfico de armas y drogas y la debilidad de los tribunales de justicia– una de las principales amenazas de los complejos entramados del crimen organizado transnacional”, advierte el informe.

“Por tanto, el desmantelamiento de estas redes de abogacía es una estrategia indispensable para debilitar el alcance de la impunidad”, agregó.

En él se revela además el “litigio malicioso” que emprenden estos profesionales del derecho, común a todos los casos y consistente en la interposición de toda clase de recursos e impugnaciones que “impiden el cumplimiento del debido proceso”, paralizando las causas con un “uso excesivo” de recursos legales que retrasan los plazos.

En este sentido, y teniendo en cuenta que algunos de esos abogados han resultado electos para las Comisiones de Postulación de la Corte Suprema de Justicia y de las Cortes de Apelaciones -cuya elección de magistrados se producirá en las próximos meses-, la Cicig considera que la erradicación de estas estructuras no podrá darse si los procesos de elección son “susceptibles” de verse influenciados por ellas.

Para acabar con esta situación, la Comisión, que recordó algunos casos como el de “Comisiones Paralelas” donde se reveló un tráfico de influencias para nombrar magistrados en la Corte Suprema, recomienda acabar con esos vacíos legales que perpetúan este contexto del cuál las redes ilícitas se aprovechan.

Por otra parte, el entramado de corrupción que “subordinó la dinámica del legislativo a intereses corruptos” también interfirió directamente en el proceso de nombramiento de magistrados y magistradas en 2014.

La Cicig recordó que se concretó la influencia indebida a través de un acuerdo político entre el Partido Patriota (PP), el partido Libertad Democrática (LIDER), el partido TODOS y algunos operadores legislativos de otros partidos.

En 2019, al menos 47 diputados que votaron por este pacto en 2014 siguen ocupando una curul el Congreso, es decir, el 30 % de los legisladores actuales “han formado parte de un esquema de ‘captura’ en el pasado”, lo que constituye “una situación de paradoja: lo aparentemente legal carece de legitimidad (y posiblemente también de legalidad)”.

(c) Agencia EFE

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