En medio de críticas diputados inician investigación sobre el actuar de la Cicig | Impacto!

En medio de críticas diputados inician investigación sobre el actuar de la Cicig

En medio de críticas diputados inician investigación sobre el actuar de la Cicig

Congreso

Un ente creado por el Congreso de Guatemala comenzó, en medio de críticas, la fiscalización del trabajo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un organismo anticorrupción auspiciado por la ONU y que terminó su misión en septiembre pasado.

Mientras empezaba su trabajo, que estaba previsto que arrancara el 7 de octubre pero que se adelantó porque supuestamente tienen muchas solicitudes y casos, un grupo de diputados del Parlamento presentó una carta abierta en contra de este ente del Congreso, que se suma a los amparos interpuestos ante la Corte de Constitucionalidad, el mayor tribunal del país.

En la misiva, más de una decena de congresistas aseguraron que ese ente, creado de forma imprevista en el Congreso para fiscalizar los 12 años de la Cicig, es una “afrenta a la historia y a los ideales de cambiar el país” y que su formación puede ser “inconstitucional” y sus acciones “ilegales”.

Esto al pretender constituirse en un ente “suprainstitucional que ignora la autonomía e independencia del Ministerio Público y del Organismo Judicial”.

“Hacemos un llamado a los órganos jurisdiccionales, delante de los cuales distintas entidades ya han accionado, para que resuelvan lo que corresponde sobre los alcances, limitaciones y legalidad de esta comisión” del Congreso, asegura la carta firmada, entre otros, por el indígena Amílcar Pop y por Andrea Villagrán, defensora de la Cicig.

Kira Karla Martínez, viuda del doctor Jesús Oliva, fue la primera en presentar su testimonio acompañada de su cuñada

Durante 12 años, la Cicig y el Ministerio Público identificaron más de 70 estructuras criminales, colaboraron en la judicialización de 120 casos de “alto impacto”, presentaron un centenar de procesos de desafuero contra grandes funcionarios, sindicaron a más de 1.500 personas y unas 660 están procesadas.

Pero en agosto del año pasado, el presidente Jimmy Morales, que junto a su familia fue acusado de casos de corrupción, anunció que no renovaría el mandato de la Cicig al acusarla de una supuesta “injerencia en los asuntos internos.

Este jueves, el presidente y diputado Juan Ramón Lau arrancó la sesión haciendo constar que las sillas del Ministerio Público, el Organismo Judicial y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos estaban vacías porque declinaron participar como observadores de este proceso.

Kira Karla Martínez, viuda del doctor Jesús Oliva, fue la primera en presentar su testimonio acompañada de su cuñada y del fallecido decano, que se suicidó en una cárcel guatemalteca en la que guardaba prisión preventiva por su presunta vinculación en el caso IGSS Pisa.

En mayo de 2015, la cúpula del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) fue capturada bajo señalamientos de corrupción por la adjudicación anómala de un contrato por valor de más de 15 millones de dólares a favor de la Droguería Pisa para atender a pacientes con insuficiencia renal.

La investigación señalaba que el contrato estaba plagado de irregularidades y que incluso hubo un soborno para su aprobación, en la que supuestamente había participado Oliva, aunque este miércoles su mujer y su hermana lo describieron como una buena persona que empezó a “decaer poco a poco” con estas acusaciones infundadas.

Ambas, que narraron las supuestas penurias que pasaron como familia, criticaron la prisión preventiva dictada contra el doctor a pesar de que presuntamente tenía una depresión, una medida que aunque pueda ser solicitada por la Fiscalía solo se impone cuando un juez lo decide.

“Se le notaba que estaba enfermo y el Tribunal pudo darse cuenta de eso pero lo ignoraron”, aseguró su viuda al describir que su marido, al que calificó de un hombre “honesto”, empeoró de salud después de ser imputado en un supuesto caso de corrupción.

En esta declaración y en otras los diputados de la Comisión solo preguntaban a las supuestas víctimas si el personal de la Cicig se oponía a la libertad condicional, pero no si el Ministerio Público o los otros querellantes en el caso estaban o no de acuerdo porque su misión es analizar “la forma” del actuar del ente, auspiciado por Naciones Unidas.

(c) Agencia EFE

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