El silencio de la Corte de Constitucionalidad, provoca incertidumbre en los empleados del proyecto paralizado desde hace 7 meses.
Desde temprana hora un grupo de personas provenientes de San Rafael Flores, llegó a la capital con el objetivo de hacerse escuchar. Todos, empleados de la compañía minera, que no opera desde julio de 2017.
Los acompañaban hombres y mujeres que la semana pasada, perdieron sus empleos a consecuencia del paro de labores, que mantiene la incertidumbre en los mil 600 empleados que aún siguen a la espera de una resolución, que según sus palabras les permita seguir trabajando y llevando el sustento a sus hogares.
El parque Colón y la Plaza de la Constitución, en la zona 1 de la capital, fueron los puntos elegidos para entregar un comunicado que expone su postura y hace un llamado a los magistrados para que emitan una resolución rápida “queremos volver a trabajar, nuestra familias dependen de su decisión y el futuro de nuestros hijos, que son el progreso de Guatemala”, se lee en el documento, que también fue entregado en la Corte de Constitucionalidad, a la espera que su petición sea tomada en cuenta.
Algunos magistrados de la CC, recibieron el comunicado de los empleados de la compañia minera.
“La empresa ha cumplido con pagarnos sueldos y prestaciones durante 7 meses que llevamos desde que se ordenó el cese de operaciones, pero existe temor que haya más despidos, ante la falta de una respuesta de la corte” , indicó Sergio Cetino, representante de los trabajadores.
El pleno de la CC, celebró una audiencia pública el 25 de octubre de 2017, en donde escucho los argumentos de la compañía y del Centro de Acción Legal, Social y Ambiental (Calas), que pidió el cierre del proyecto, argumentado que hubo discriminación al momento de realizar la consulta previa al inicio de sus operaciones.
Expertos y analistas han advertido sobre un impacto negativo para la economía del país, a consecuencia de esta decisión y la incertidumbre que provoca la falta de una respuesta para este caso.
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