Diputados reafirman el Pacto de Corruptos | Impacto!

Diputados reafirman el Pacto de Corruptos

Diputados reafirman el Pacto de Corruptos

Congreso aprueba reforma al Código Penal que contempla el financiamiento electoral ilícito, delito que se le señala al presidente Morales y otros parlamentarios.

Durante la sesión del Pleno del jueves, el partido Unidad Nacional de la Esperanza -UNE- logró cambiar la agenda legislativa para aprobar las reformas al artículo 407N del Código Penal, donde se contempla el delito de financiamiento electoral ilícito, ahora llamado “no registrado” cuando los fondos no provienen del narcotráfico.

 

Marco Antonio Lemus, integrante de la UNE y electo por el cancelado Partido Patriota -PP-, presentó una moción privilegiada para que se discutiera dos reformas al financiamiento electoral ilícito, las cuales modifican la tipificación y rebajan las penas para este delito.

 

La primera propuesta de Lemus, que tuvo 92 votos a favor, eliminó el artículo 407 N, segundo párrafo, del Código Penal. Este establecía una pena de cuatro a doce años de prisión inconmutables a las personas que incurrieran en el delito de financiamiento electoral ilícito y una multa de Q200 mil a Q500 mil.

 

Con la supresión del artículo antes mencionado, se creó el inciso Ñ) al artículo 407 de esa misma normativa, esta crea el delito de financiamiento electoral no registrado, el mismo establece y quita las palabras “eventos electorales” y fijó una pena de uno a cinco años de cárcel conmutables, asimismo una multa de Q20 mil a Q100 mil. Esta propuesta logró 90 votos a favor.

 

El Congreso aprobó esta reforma en medio de las investigaciones preliminares que realiza el Ministerio Público -MP- y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala -CICIG- en contra de las organizaciones políticas: FCN-Nación, la UNE y Encuentro por Guatemala -EG-. En torno a la UNE, su jefe de bancada, Orlando Blanco, perdió su inmunidad por esa misma falta.

 

Sin responsabilidad los Secretarios Generales

 

El artículo nuevo determina que será responsable quien consienta o reciba aportaciones y no las reporte a la organización política para su registro contable, lo que releva de responsabilidad a los secretarios generales.

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