Cicig pide una reforma electoral profunda y fiscalizar a los partidos en Guatemala | Impacto!

Cicig pide una reforma electoral profunda y fiscalizar a los partidos en Guatemala

Cicig pide una reforma electoral profunda y fiscalizar a los partidos en Guatemala

Cicig concluye mandato

La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) exigió una reforma electoral profunda y una democratización del sistema de partidos políticos con una mayor fiscalización.

En un informe presentado este lunes y entregado al Tribunal Supremo Electoral, la Comisión analizó el sistema político electoral con el objetivo de “coadyuvar a la discusión” sobre la reforma que deberá llevarse a cabo al finalizar el proceso electoral de 2019 con la conformación de la Comisión de Actualización y Modernización Electoral.

El documento aborda los tres ejes fundamentales de todo el sistema político-electoral e incluye dos apartados sobre la implementación de los regímenes de fiscalización de financiación de las organizaciones políticas y la distribución igualitaria de tiempos y espacios en medios de comunicación para fines de campaña electoral.

En este sentido, concluye que el sistema electoral de Guatemala genera “una serie de distorsiones como consecuencia de su mismo diseño institucional” con una “asimetría en el tamaño de los distritos electorales” que aunado a la utilización de la fórmula D’Hondt tiende a “sobrerepresentar a los partidos mayoritarios” y fomenta la “excesiva fragmentación de los pequeños partidos”.

Además, continúa, el sistema “desincentiva la democracia intrapartidaria” por la aplicación de los listados “cerrados y bloqueados” para la elección de diputados, además de las “falencias” en cuanto al reconocimiento del voto nulo y la “conflictividad electoral” al apostar por un modelo de “mayoría simple para la elección de los poderes locales”.

“El sistema de organizaciones políticas en Guatemala ha degenerado en un oligopolio político como consecuencia de las altas barreras de ingreso, las altas barreras de operación, los costos prohibitivos de funcionamiento y la excesiva regulación procedimental”, denunció la Cicig.

Esto, unido a las debilidades históricas del sistema partidario, como la excesiva fragmentación, la volatilidad y la inestabilidad de los partidos políticos, provoca en conjunto que “las organizaciones políticas no cumplan a cabalidad su rol de intermediación y representación de la ciudadanía y de los órganos políticos de toma de decisiones”.

Hasta las reformas de la Ley Electoral y de Partidos Políticos en 2016, el financiamiento de la política había sido puesto en evidencia como uno de los factores determinantes del deterioro y de la distorsión del sistema democrático guatemalteco.

En función de esto, se crea un nuevo modelo de fiscalización que pretende responder “a la necesidad urgente de contar con más y mejores controles del financiamiento de las organizaciones políticas”.

Este modelo, puesto en marcha con apoyo internacional, mostró logros significativos en las diferentes etapas de su implementación pero también demostró “debilidades institucionales que deben corregirse con ajustes legales en aras de optimizar la labor de fiscalización”.

Es por ello que recomienda promover una “profunda reforma” al diseño del sistema electoral a través de las circunscripciones electorales, la incorporación de un modelo de votación que permita al votante individualizar su voto y democratizar el sistema de partidos políticos “profundizando en la agenda de reformas del diseño de 2016”.

“Esto implica la necesidad de reducir las barreras de ingreso al sistema partidario y de evaluar alternativas institucionales sobre los tipos de partidos que pueden operar en Guatemala. Además, debe apostarse por generar más herramientas para que los afiliados puedan hacer sentir su voz dentro de los partidos políticos”, arguyó.

La Cicig también pide fortalecer “el diseño y funcionamiento interno” del Tribunal Supremo Electoral por la vía de mejorar procedimientos de selección de sus autoridades, además de generar una segregación más funcional de las atribuciones administrativas y jurisdiccionales de la institución.

Asimismo, aboga por reformar “el derecho procesal electoral para resolver algunos conflictos de interpretación sobre los recursos en materia electoral, las competencias y las atribuciones de las distintas unidades dentro de la autoridad electoral”.

Partiendo del hecho de que es necesario realizar ajustes al régimen de propaganda electoral en medios de comunicación, dice que se requiere un “modelo funcional” que no limite la difusión de propuestas políticas y que garantice el no retorno al modelo anterior.

Estos ajustes, zanjó, deben repensar “la lógica de trabajo para la elaboración del plan de medios” partiendo de las necesidades de los partidos y no de los medios que decidieron inscribirse.

(c) Agencia EFE

También te puede interesar leer:

Corte de Constitucionalidad da trámite a amparo para que sigan funciones de la CICIG en el país

COMENTARIOS