Caso estudiantes UVG, la otra cara de la moneda | Impacto!

Caso estudiantes UVG, la otra cara de la moneda

Caso estudiantes UVG, la otra cara de la moneda

El Ministerio Público no debió ocultar las evidencias ni obedecer órdenes ilegales, pues con tal encubrimiento se condenó a un inocente con la privación de libertad, el pago de una suma multimillonaria y la vulneración de su carrera profesional.

En este caso que incluso ya recibió sentencia, poco o nada se conoce sobre la versión de Lemuel Alfredo Valle Albizurez, el único sobreviviente y testigo del trágico accidente ocurrido hace 7 años, en El Estor, Izabal.

La noche del 31 de marzo de 2012 el biólogo Lemuel Alfredo Valle Albizures, acompañado de los estudiantes de Biología de la Universidad del Valle de Guatemala (UVG) Ángel Rodolfo de León Palacios, Juan Carlos Velásquez Marroquín y Nahomy Lara Orellana, se embarcaron en una lancha para realizar un conteo de cocodrilos.

La tragedia llegaría al filo de las 23 horas encontrándose en el Lago de Izabal a cuatro metros de la orilla, cuando según el relato de Valle, Nahomy se puso de pie y la lancha volcó. Según su relato, él nadó hasta llegar a la orilla, pero los jóvenes no corrieron con la misma suerte, pese a que se encontraban a escasos metros de tierra firme.

Sostiene que cada uno de los estudiantes recibieron un chaleco antes de subir en la embarcación de remos, inclusive, el padre de uno de ellos reconoció que su hijo le indicó por teléfono que llevaban los chalecos puestos. El biólogo cree que sus acompañantes se lo quitaron en algún momento de la travesía, pues no los llevaban puestos cuando sus cuerpos fueron rescatados al día siguiente.

Transcurridos siete años de la tragedia en junio pasado, el Tribunal de Sentencia de Puerto Barrios, Izabal, lo condenó a cinco años de prisión por homicidio culposo por la muerte de los tres estudiantes universitarios.

Sin embargo, Valle asegura que durante el debate oral y público, no se tomaron en cuenta pruebas que asegura podrían ser claves para comprobar que más que un homicidio culposo, se trató de un lamentable accidente que desencadenó en tragedia.

¿Tráfico de influencias?

Durante el debate, Mauricio Velásquez, padre de Juan Carlos Velásquez Marroquín, confesó que hizo uso de sus influencias en altas esferas para trasladar los cuerpos de su hijo y sus compañeros a la capital, para evitar su manipulación por parte del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) en Izabal. 

Teníamos la inquietud del procedimiento,  para que la autopsia no se realizara en El Estor, contactamos a un expresidente de la CSJ y a su esposa y le pedimos que hicieran lo posible por los medios legales, para que las autopsias se realizaran en el Inacif de Guatemala. Se hicieron todas las gestiones con éxito, para que se trasladaran los cadáveres” afirmó Velásquez, bajo juramento, durante el desarrollo del debate oral y público del caso.

Una persona entrevistada, que  por razones de seguridad no quiso revelar su nombre, indicó que la orden de trasladar los cuerpos a la capital no fue dada por un Magistrado. La orden fue emitida de forma directa por la entonces Vicepresidenta de la República Roxana Baldetti, pues el señor Mauricio Velásquez, mantenía fuertes lazos con la exfuncionaria  que ahora se encuentra en prisión.

Roxana dio dos órdenes, la primera que todas las instituciones del gobierno activaran la búsqueda en la zona y encontraran los cadáveres, algo inusual en caso de naufragios. La segunda fue que sacaran los cadáveres de Izabal y a como diera lugar los trasladaran a Guatemala. Algunos funcionarios, inclusive del Ministerio Público (MP) no estuvieron de acuerdo, de que los cadáveres fueran sacados del lugar de manera ilegal.Aseguró la persona entrevistada.

La orden llegó mientras fiscales del Ministerio Público (MP) realizaban la diligencia de reconocimiento de los cuerpos de los jóvenes Ángel Rodolfo de León Palacios y Juan Carlos Velásquez Marroquín, en presencia de los padres de ambos. En ese momento según el testimonio de los fiscales y los propios documentos que obran en el expediente, al personal del Ministerio Público se les ordenó suspender la diligencia e irse a una oficina.

Algo que no es normal, sin embargo obedecieron las órdenes y según las propias actas de reconocimiento las otras personas que se encontraban ahí fueron los progenitores de los estudiantes fallecidos.  

Recuerdo que después de ahí se trasladaron los cadáveres a bordo de un avión y de ahí nos trasladamos a una oficina con la auxiliar fiscal, ella tomó las anotaciones. Allí no recuerdo quien trasladó los cadáveres al avión, solo que los iban a trasladar a la morgue de la ciudad capital y no recuerdo quien terminó la escena”, aseguró el fiscal Edwin Obdulio González García.

Sus declaraciones fueron confirmadas por los fiscales Cornelio Sanson Sicay Ramírez y Melvin Eduardo Zúñiga, quienes coincidieron en afirmar que “por instrucciones recibidas, se había coordinado ya con el Inacif Central, que los cuerpos se trasladarían a la capital”.

Desde ese momento las autoridades ceden el control de los cadáveres y fueron los padres de los estudiantes, quienes se hicieron cargo de ordenar el traslado, violentando la cadena de custodia y obviando incluso la autorización para trasladar lo cadáveres que debía otorgar del Juez de Paz de El Estor, pasando por alto los requisitos legales necesarios para un procedimiento de este tipo y viciando la prueba principal  del caso.

Encubrimiento, incumplimiento de funciones y una lucha legal 

La confesión del progenitor sacude por completo las bases de este caso, pues Valle ha presentado una querella penal en contra de Mauricio Velásquez y los empleados del Ministerio Público por haber encubierto las evidencias con las que pudo haber sido absuelto.

No son claros los motivos por los que el progenitor activó sus influencias en las más altas esferas del gobierno de aquel entonces para ocultar las evidencias del consumo de bebidas alcohólicas, fármacos y posiblemente estupefacientes. Uno de los motivos pudiera ser su posición como hombre de alta sociedad que no quisiera que se conociera públicamente cuestiones que atentarán contra su prestigio familiar, o bien como uno de los querellantes en el juicio declaró, por una pretensión económica.

A pesar del poderío económico, político y mediático contra el cual Lemuel Valle ha luchado durante siete años, continuará en la lucha por esclarecer la verdad, por lo que ha presentado una querella penal en contra de Velásquez.

Una muerte y un beneficio económico

La sentencia emitida contra Lemuel Valle ordenó el pago de Q50 millones de quetzales a las familias de los fallecidos en concepto de reparación digna. 

En la percepción de Lemuel Valle su vida y su prestigio fue un medio por el cual pasaron con el fin de obtener un beneficio económico pagadero solidariamente entre Lemuel y una compañía minera.

Anteriormente, las autoridades en búsqueda de acortar el proceso instaron a las partes a buscar alternativas para lograr un acuerdo y posterior sentencia, mediante un procedimiento abreviado. Para ello se barajó la posibilidad de que Lemuel Valle, se declarara culpable de homicidio culposo.

Los padres de las víctimas se mostraron entusiasmados con el hecho pues recondicionaron la negociación a una compensación de más de Q50 millones de quetzales, si se lograba la sentencia por esta vía, sin embargo Valle no aceptó la culpabilidad pues deseaba que la verdad se esclareciera en el juicio.

Durante el debate, Mauricio Velásquez reconoció sin reparos ante el juez, que además de esclarecer la muerte de su hijo, su intención era la de “obtener un beneficio económico por ello. Agregando que si no fuera por sus influencias, el caso no hubiera llegado a nada”. 

Yo entiendo el dolor de los señores, si uno tiene y pierde un hijo, se debe volver loco. Pero si quiere justicia, no utilice influencias de este tipo. Si quiere justicia evalúe con objetividad para conocer lo que realmente pasó. Lamentablemente, nunca nos hemos podido sentar para dialogar. En realidad no es justicia lo que él quiere, lamentablemente es un beneficio económico. Afirma Valle.

¿Y las evidencias?

Entre la evidencia presentada durante el juicio se encontraban los chalecos que presuntamente fueron utilizados por los universitarios y análisis médicos de la condición de los jóvenes antes de fallecer.

El referido análisis permitió que el juez acreditara que los fallecidos presentaban alcohol en el cuerpo el 31 de marzo del 2012, cuando salieron del muelle, según lo reveló un perito del Ministerio Público en una audiencia.

También fueron escuchados testimonios de compañeros de los estudiantes, quienes confirmaron al tribunal que a pesar de ser prohibido por el reglamento de su casa de estudios en horas de la tarde del día de la tragedia los alumnos incluyendo algunos de los fallecidos habían ingerido bebidas alcohólicas, lo cual fue corroborado por la existencia de una tapa de cerveza encontrada en la bolsa de unos de los jóvenes, así como una botella de alcohol, inclusive existen evidencias fotográficas en donde uno de los estudiantes llevaba fármacos y una sustancia envuelta en una bolsa negra.

Para Lemuel Valle es claro que hubo fuertes influencias para que esas evidencias desaparecieran misteriosamente, inclusive es sorprendente que los dictámenes periciales no revelaran la ingesta de sustancias por parte de algunos de los estudiantes fallecidos, pues los mismos estudiantes en la etapa de las investigación habían declarado que si habían consumido bebidas alcohólicas e inclusive que algunos de los estudiantes fallecidos habían estado buscando quien les podía vender drogas el día anterior.

Estas circunstancias pudieron haber avergonzado el honor y reputación de las familias de los fallecidos, sin embargo el Ministerio Público no debió ocultar las evidencias ni obedecer órdenes ilegales, pues con tal encubrimiento de evidencias se condenó a un inocente con la privación de libertad, el pago de una suma multimillonaria y la vulneración de su carrera profesional.

Un accidente y un estigma

Lemuel Valle, ha relatado tantas veces lo ocurrido aquella trágica y lejana noche, que ya perdió la cuenta. Afirma que en Guatemala la ley no se aplica para los menos favorecidos, lamenta que la justicia lo haya condenado por un delito que no cometió. Las repercusiones de lo ocurrido son evidentes en su diario vivir.

 “Yo ya no tengo regreso, mi reputación la tiraron a la basura. Durante este tiempo, me ha costado mantenerme y no hay lugar donde no se me cuestione sobre lo que pasó esa noche. Mi carrera decayó, estos meses no he trabajado, en base a que he ahorrado dinero me he mantenido”. Afirma Valle.

Tras apelar el fallo, espera que los tres magistrados que según sus palabras están encargados del caso, hagan una revisión objetiva y tomen en cuenta que se le acusó porque los cadáveres no llevaban los chalecos puestos, prendas que  fueron encontradas en el lugar del accidente y que fueron presentadas como pruebas, pero principalmente espera que se reevalúe el caso desde la perspectiva que las pruebas fueron encubiertas deliberadamente y esto llevó a una condena que considera injusta. Sin embargo al salir a luz estas circunstancias resulta y es evidente que se vició el proceso desde su inicio y debe ser absuelto.

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