Alcances del Convenio 169 y la Consulta Popular | Impacto!

Alcances del Convenio 169 y la Consulta Popular

Alcances del Convenio 169 y la Consulta Popular

Dentro del foro organizado por la CIG, se señalaron los parámetros, lineamientos que conlleva la consulta para los pueblos indígenas.

“Ni veto ni voto, la consulta popular es un ejercicio de diálogos que pretende buscar acuerdos entre el gobierno e instituciones representativas de Pueblos Indígenas que puedan verse afectados por una medida legislativa o administrativa en su forma de vida, creencias e instituciones” manifestó este jueves Hernán Coronado, oficial técnico especialista en pueblos Indígenas de la Organización Internacional del Trabajo -OIT-.

 

Estas declaraciones fueron realizadas en el marco del Foro “Alcances del Convenio 169”, organizado por la Cámara de Industria de Guatemala, -CIG-, con el objetivo de informar sobre el tema de los derechos a la consulta y la participación de la población, y así educar a la población guatemalteca, con el fin de trabajar en casos a fututo similares al de la Minera San Rafael.

 

“Convocamos a los representantes de los COCODES de Santa Rosa y Autoridades regionales y nacionales porque creemos indispensable que ellos sean los principales conocedores de este tema” recalcó Javier Zepeda, director ejecutivo de la Cámara de Industria.

 

El ejecutivo remarcó que de lo que se habla del Convenio 169 y el proceso de la consulta es extenso, sin embargo, “aún existe mucha desinformación, misma que ha afectado incluso la economía de todo el país, a causa del impacto que ha generado el cierre de operaciones como la Minera San Rafael, desde julio 2017”.

 

Dentro de los mitos abordados durante la conferencia, se expuso acerca del poder de la consulta. Según la OIT, la Consulta comunitaria no es un mecanismo que pueda impedir el bien común o detener la inversión o el desarrollo del país, ni tampoco disminuir la capacidad soberana del Estado; el verdadero poder de la consulta radica en el establecimiento de los acuerdos conciliatorios que garanticen el respeto de los derechos de los involucrados.

 

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